La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció una «masacre» en la Comisaría Tercera de Transradio, en Esteban Echeverría, donde esta madrugada murieron cuatro presos en lo que según la versión policial fue un motín desatado tras un intento de fuga.
El organismos de derechos humanos responsabilizó a la cartera conducida por Cristian Ritondo al señalar que esa dependencia policial «estaba en funcionamiento a pesar de que la Justicia había dictado una orden de clausura que inhabilitaba los calabozos y que fue desobedecida por el Ministerio de Seguridad».
La CPM recordó que la comisaría estaba clausurada por una orden del Juzgado de Garantías 2 de Lomas de Zamora con sede en Monte Grande. La Justicia le había ordenado al Ministerio de Seguridad que desalojara «de manera urgente» los calabozos y que trasladara a las personas que se encontraban detenidas. Incluso las celdas habían sido clausuradas por la propia cartera de Seguridad en 2012, a través de la resolución 268.
La entidad liderada por Adolfo Pérez Esquivel consignó además que en marzo de este año el Juzgado de Garantías 2 notificó a los ministros de Seguridad y de Justicia, a la Corte Provincial y a la propia María Eugenia Vidal la clausura y la orden de no alojar personas en esa comisaría, aunque ningún funcionario dio respuestas. El organismo advirtió que al momento del incendio de esta madrugada había 26 detenidos en los calabozos, cuando la capacidad es sólo para 10.
En ese marco, comparó lo sucedido en Esteban Echeverría con la muerte de siete jóvenes en marzo de 2017 en la llamada «Masacre de Pergamino» y remarcó que por ese y otros episodios ocurridos en comisarías presentó denuncias que no fueron atendidas por la Suprema Corte bonaerense ni por las autoridades de distintos departamentos judiciales.
«La CPM repudia esta nueva masacre y responsabiliza por lo sucedido al Poder Ejecutivo provincial y a la Suprema Corte Bonaerense. Las advertencias sobre las condiciones inhumanas en que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia que nuestro organismo viene realizando, y el reconocimiento que estas denuncias han tenido en ámbitos judiciales de nuestro país -incluida la propia Corte y organismos internacionales-, le otorgan más gravedad a lo sucedido», subrayó la entidad en un comunicado.
«No se trata ya de un hecho aislado o de un accidente inesperado. Es una masacre de la que el Estado es su máximo responsable, porque se inscribe en una larga secuencia de políticas que no hacen sino agravarla. Una nueva masacre de personas que aún no habían sido condenadas por la justicia, ya que se encontraban procesadas», agregó.
